Estamos bajo ataque. A partir del 13 de agosto de 2014 entró en vigor la llamada ley Telecom en México y con ella la obligación de todas las empresas proveedoras de Internet y telefonía de capturar, almacenar y entregar los datos sobre todas nuestras comunicaciones al gobierno mexicano sin requerimiento de orden judicial. Además, recientes revelaciones demuestran el uso de software malicioso comercializado al gobierno y utilizado para espiar los teléfonos móviles de personas críticas al poder. Con todo esto, sin duda, el Estado mexicano ha renovado su guerra contra nuestra privacidad y libertad de expresión.

Bajo el mismo argumento que acompaña la escalada de violencia y represión que ha cobrado cientos de miles de vidas y decenas de miles de desaparecidos en este país, el gobierno de México justifica la violación a nuestros derechos como un sacrificio necesario para la seguridad pública e intenta normalizar la vigilancia banalizando el tema. A estas alturas es evidente que la corrupción e infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública produce un efecto contrario al discurso oficial. ¿Quién nos protege de los vigilantes?